Why Al Jazeera will not say Mediterranean 'migrants'

Al Jazeera is owned by Qatar, which is allied with US-Israel against Iran and Syria. That means Qatar supports the exterminationist head-choppers who are destroying Syria.

EL ESTADO DE ISRAEL NO TIENE DERECHO LEGAL A EXISTIR, PORQUE FUE FUNDADO EN TERRITORIO PALESTINO SIN EL CONSENTIMIENTO DE SUS LEGITIMOS DUEÑOS, Y EXPROPIADO POR LA FUERZA DE LAS ARMAS SIN COMPENSACIÓN ALGUNA; VIOLENTADO EL DERECHO INTERNACIONAL, LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO A LA LIBRE AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS.
El plan de partición y expropiación presentado por el Consejo de Seguridad de la ONU, intentaba crear en Palestina un Estado judío, contrariando a la voluntad expresa de la mayoría de sus habitantes. A pesar de constituir sólo un tercio de la población en posesión de menos del 7 por ciento del territorio, arbitrariamente concedía a los judíos más de la mitad de Palestina para la creación de ese Estado judío.
La injusticia inherente al plan de partición y expropiación de territorio palestino incluyendo puertos, aeropuertos, ciudades, pueblos y aldeas, expulsando a sus habitantes y legítimos dueños; estaba en marcado contraste con el plan alternativo propuesto por el pueblo palestino, de un Estado autónomo dentro del Estado Palestino, en el que los derechos de la minoría judía serían reconocidos y respetados, y el reconocimiento de los representantes judíos dentro de un gobierno democrático.
El plan de partición y expropiación, era radicalmente opuesto los derechos de la mayoría de la población palestina, violentando su derecho a la autodeterminación de los pueblos, principio fundacional de la ONU. El informe del Consejo de Seguridad la ONU encargado de dotar a la minoría judía de un territorio para la fundación de un Estado judío (UNSCOP); reconocía explícitamente que esta propuesta era contraria al principio de la libre determinación de los pueblos. Y que se basaba en la suposición errónea de que la mayoría de los palestinos, aceptaban voluntariamente la expropiación de su territorio, ciudades, pueblos y aldeas, y la expulsión de sus habitantes para fundar el Estado Judío
La Resolución 181 de la Asamblea General de la ONU, ni dividió Palestina, ni confirió a la dirección sionista ninguna autoridad legal para declarar unilateralmente la existencia del Estado de Israel. Simplemente “recomendó” que se aceptara y ejecutara por las partes interesadas el plan de partición UNSCOP. Naturalmente, para tener cualquier peso de la ley, el plan, al igual que cualquier contrato, tendría que haber sido aceptado formalmente por ambas partes. Imperativo jurídico que no se cumplió. Además de que la Asamblea Genera, carecía de autoridad jurídica o moral para expropiar de su territorio al pueblo palestino para otorgárselo gratuitamente al pueblo judío. Y carecía de la Autoridad Legal para constituir el Estado de Israel en nombre o representación del pueblo judío, y reconocer la Autoridad legal a los dirigentes sionistas para gobernar el Estado de Israel.
Cuando el Consejo de Seguridad tomó cartas en el asunto que le encomendó la Asamblea General, no se pudo llegar a ningún consenso sobre cómo proceder con la aplicación del plan de partición. Siendo evidente que el plan no podría ser implementado por medios pacíficos, la sugerencia de que se llevará a cabo por la fuerza, fue rechazada por los miembros del Consejo de Seguridad. El simple hecho de la cuestión, es que el plan nunca fue implementado. Numerosos delegados de los Estados miembros de la ONU, incluidos los EE.UU., llegaron a la conclusión de que el plan era impracticable; además, que el Consejo de Seguridad no tenía autoridad para implementar un plan de este tipo, excepto de común acuerdo por las partes interesadas, que en este caso la víctima estaba ausente.
Los EE.UU., Siria y otros países miembros fueron certeros en sus observaciones y consenso de que, si bien el Consejo de Seguridad tenía autoridad para declarar una amenaza para la paz y autorizar el uso de la fuerza para lidiar con eso y mantener o restablecer la paz y la seguridad; no tenía ninguna autoridad para aplicar por la fuerza un plan de partición de Palestina en contra de la voluntad de la mayoría de sus habitantes. Cualquier intento de usurpar esa autoridad; ya sea por la Asamblea General o el Consejo de Seguridad, habría sido una presunción de violación del principio fundamental de la Carta de respeto por el derecho a la libre determinación de todos los pueblos, y por lo tanto sin efecto en virtud del derecho internacional.
En suma, la creencia popular de que fue la ONU la que “creó” el Estado Israel es un mito; y la propia afirmación de Israel en su documento fundacional, de que la Resolución 181 de la ONU constituyó la autoridad legal para la creación de Israel; o de otra manera, constituía el “reconocimiento” por la ONU del “derecho” de los Judíos sionistas para expropiar por sí mismos las tierras palestinas y negar a la población mayoritaria de esa tierra su propio derecho a la autodeterminación, es un fraude patente.
El desastre causado a Palestina no era inevitable. La ONU fue creada con el propósito de prevenir este tipo de catástrofes. Sin embargo, fracasó miserablemente en ello, en numerosos aspectos. Fracasó en su deber de remitir las cuestiones jurídicas de las reclamaciones a Palestina a la Corte Internacional de Justicia, a pesar de las peticiones de los Estados miembros para hacerlo. No utilizó todos los medios coercitivos inherentes a su autoridad, incluyendo el uso de las fuerzas armadas, para mantener la paz y evitar la guerra que se predijo que ocurriría a la terminación del mandato. Y lo más importante, lejos de defender sus principios fundacionales, la ONU actuó en contra del derecho del pueblo que desde hace dos mil años ha ocupado el territorio palestino, y en contra del derecho del pueblo palestino a un Estado independiente y democrático; para favorecer a los emigrantes judíos que no tenían ningún derecho a apropiarse del territorio palestino, y mucho menos a fundar el Estado de Israel, expulsado por la fuerza a los residentes originarios de quinientos pueblos y ciudades palestinas importantes, en violación directa de los principios de su propia Carta.
Las graves consecuencias de elevar a Estado de Israel el territorio palestino expropiado ilegalmente por el pueblo judío, sin una justa compensación o reparación de daños; obligando al Estado de Israel a proporcionar bienestar y seguridad jurídica, económica y social a los palestinos expulsados de sus ciudades, pueblos, aldeas, casas y campos de cultivo; negando el derecho de auto determinación del pueblo palestino de ser reconocido como Estado Palestino; son generadoras del cotidiano genocidio palestino, el apartheid, el lavado étnico, la expropiación de su territorio, la destrucción de sus residencias y la violación de sus derechos legales y humanos.
El reconocimiento de la grave injusticia cometida contra el pueblo palestino, y la implementación de los cursos de acción a seguir para detener la continuación de la ocupación, el bloqueo y los crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra que cotidianamente comete el ejército israelí de ocupación y los colonos judíos radicales, contra pueblo palestino. Es esencial para avanzar hacia la paz y la reconciliación entre las naciones que apoyan el derecho palestino a ser reconocido como Estado y, las naciones sionistas que apoyan al Estado de Israel.
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